Iniciamos el año con una serie de medidas económicas que, en palabras de la vicepresidenta del recién estrenado Gobierno, sólo es «el inicio del inicio». Ante la ausencia de una nueva Ley de Presupuestos para el año 2012, el pasado 30 de diciembre el Consejo de Ministros del nuevo ejecutivo adoptó una serie de medidas de carácter urgente en materia presupuestaria, tributaria y financiera, que vieron la luz en el Real Decreto-Ley 20/2011. Como se indica en el preámbulo de la propia norma «la pura y simple prórroga de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011 ocasionaría ciertas disfunciones que es preciso corregir», en particular, porque la situación económica y financiera aconsejan no prorrogar algunas materias que podrían tener repercusiones en el déficit público y en la estabilidad presupuestaria, con las consecuencia que ello podría tener en los compromisos asumidos por España ante la UE en la reducción del déficit público. Fruto de dicho escenario económico son las medidas que recoge el Real Decreto-Ley 20/2011, estructuradas, además, según el habitual esquema de las leyes presupuestarias. Por lo que bien podríamos hablar en este caso de una ley de presupuestos, sin presupuestos.
