A principios de este año, se publicaba en el BOE de 21 de enero el Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo, introduciendo en nuestro ordenamiento jurídico medidas dirigidas a la protección a los consumidores, estableciendo un cauce que les facilitara la posibilidad de llegar a acuerdos con las entidades de crédito con las que tuvieran suscrito un contrato de préstamo o crédito con garantía hipotecaria, ofreciendo una solución a las controversias que se pudieran suscitar como consecuencia de los últimos pronunciamientos judiciales en materia de cláusulas suelo.
Pasados ya más de nueve meses desde su entrada en vigor conviene volver la vista atrás para saber si la norma ha servido para algo o si ha quedado en papel mojado.
