
La Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, ha venido a introducir estímulos al emprendimiento en todas las áreas que a fecha de hoy se ven sometidas al devenir de la crisis: empleo, financiación, morosidad, tanto empresarial como de las Administraciones Públicas, responsabilidad patrimonial del emprendedor, cargas administrativas a la hora de iniciar una actividad empresarial y algunas otras. Nosotros nos centraremos en aquellas que tienen una especial incidencia en la fiscalidad. Ello no debe ser óbice para que los operadores jurídicos y económicos presten una especial atención a la totalidad de las medidas que comprende la norma, por su amplitud y por su ambición.
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