El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ha rechazado aplicar en España la exención anunciada en Portugal del impuesto de la renta a los jóvenes con ingresos de hasta 28.000 euros, ya que solo se verían beneficiados un 11% de los menores de 35 años españoles.
En este sentido, los técnicos de Hacienda han instado a las empresas, centros de investigación y administraciones públicas a facilitar a los jóvenes alicientes para que desarrollen su actividad en el país, con mejoras de su estabilidad y retribuciones, el impulso de su carrera profesional, el reconocimiento de sus méritos y logros o el fomento del teletrabajo donde sea posible.
Gestha ha recordado a través de un comunicado que el Gobierno de Portugal introdujo en el presupuesto de 2024 la reducción del impuesto sobre la renta para los jóvenes de entre 18 y 26 años, o hasta 30 años si completaron el doctorado, que se eliminaban gradualmente a lo largo de cinco años consecutivos o intercalados.
Según Gestha, la nueva rebaja del IRPF para 2025 amplía el régimen de exención a todos los jóvenes hasta los 35 años (independientemente de su nivel educativo), la duración a 10 años y hasta un ingreso máximo exento de 28.000 euros, con minoración gradual, tendrá un coste presupuestado de 525 millones adicionales sobre el anterior que tiene un coste presupuestado de 250 millones para 2025.
Gestha ha criticado que es una pésima decisión atraer a las personas más jóvenes con exenciones de impuestos, pues perjudica la conciencia social del valor de los impuestos para sostener al estado del bienestar.
«QUEBRARÍA LA PROGRESIVIDAD DEL IRPF»
Para los técnicos de Hacienda, la importación a España de la medida de rebajar la base imponible del IRPF hasta 28.000 euros a un grupo de personas sería «una contradicción con el principio de la Constitución española de contribuir según la capacidad económica y se estaría quebrando la progresividad del IRPF».
Según Gestha, la medida es «injusta y rompe la equidad», pues no afectaría al 61,8% de los jóvenes trabajadores hasta 35 años (3,8 millones) que cobran menos de los 15.876 euros anuales (SMI 2024) quienes hoy no tributan, porcentaje que sube al 98,8% entre los menores de 18 años y al 83,7% entre los 18 y 25 años.
También afectaría desigualmente al 14,2% de los jóvenes (casi 0,9 millones) que cobran entre el SMI y los 21.000 euros, que básicamente están entre los 26 y 35 años, y tributan o no según su nivel de ingresos, cargas familiares o si deducen por alquiler de vivienda. Estos dos grupos que cobran por debajo de los 21.000 euros son 4.684.798 personas, el 76% de los jóvenes empleados.
En cambio, según Gestha, si esta medida se aplicara en España verían anulada su tributación el 10,9% de los trabajadores menores de 35 años situados entre 21.000 a 28.000 euros, pero los grandes beneficiarios de importar la medida en España serían 807.684 jóvenes (únicamente el 13,1%) que cobra más de 28.000 euros, que en casi su totalidad están entre los 26 y 35 años, los cuales verían rebajada notablemente la progresividad del IRPF.
Agencia Europa Press
Un 20% de los convenios firmados en 2024 contienen cláusulas referidas al trabajo en remoto, según UGT
UGT destaca que un 20% de los convenios firmados en lo que va de año contienen cláusulas referidas al trabajo en remoto, cuatro puntos más que en 2023, debido al auge de los trabajadores que demandan una regulación convencional del teletrabajo en sus empresas y por un cambio de actitud de los empleadores.
En un comunicado, el sindicato ha pedido a las compañías no ser reticentes con el trabajo en remoto y no exigir a los trabajadores volver al presencialismo a tiempo completo, como está ocurriendo con algunas empresas en Estados Unidos, donde las compañías aprovechan la existencia de leyes laborales más laxas para erradicar el teletrabajo.
En este sentido, desde UGT recuerdan que en España la regulación del teletrabajo reposa sobre los convenios colectivos y, en su defecto, sobre la ley de trabajo a distancia; una norma que estipula que las modificaciones, incluyendo el porcentaje de presencialidad, deberán acordarse con la persona trabajadora y sus representantes.
De igual manera, recalcan que el ‘V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva’ -vigente hasta 2025- asume la literalidad de la ley de trabajo a distancia y la autonomía de la negociación colectiva en lo relacionado al teletrabajo.
«Las cifras no dejan lugar a dudas: a pesar de las reticencias de las empresas, en 2023 se firmaron 181 nuevos convenios colectivos que regulan el trabajo a distancia, un 20% más que 2022 y un 364% más que antes de la irrupción de la pandemia», añaden desde el sindicato.
A su vez, recuerdan a los trabajadores que es «ilegal» que una empresa imponga una reducción del salario a cambio de conservar el teletrabajo entre su plantilla.
Agencia Europa Press
El TJUE señala que solo se puede poner etiqueta ecológica a producto importado si cumple toda la ley de la UE
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha señalado que la etiqueta de producto ecológico de la Unión Europea solo se puede poner en un producto importado de un tercer país si cumple todos los requisitos que establecen las normas de la UE.
En su fallo, el tribunal con sede en Luxemburgo indica que está prohibido utilizar el logotipo de producción ecológica de la UE si el producto está fabricado en un tercer país «conforme a reglas equivalentes» a las del Derecho de la Unión. Para poder usar ese sello, la producción tiene que ser «conforme» a las propias normas europeas sobre producción ecológica.
El caso se deriva de Herbaria, un fabricante alemán, que produce una bebida compuesta de una mezcla de zumos de frutas y de extractos de hierbas que contiene, además de productos ecológicos, vitaminas de origen no vegetal y gluconato ferroso. Un tribunal alemán ordenó retirar el logotipo de producción ecológica de la Unión porque las normas fijan que solo se pueden añadir vitaminas y minerales a los productos transformados identificados con el término ecológico si la normativa hace obligatorio su empleo.
Entonces Herbaria recurrió el fallo alegando que un producto similar importado de Estados Unidos, que contiene vitaminas de origen no vegetal y minerales, no estaba sometido a esta prohibición. En el caso concreto de Estados Unidos, está reconocido como país tercero cuyas normas de producción y de control son equivalentes a las de la Unión.
Ahora el TJUE establece que un producto importado que haya seguido normas equivalentes de producción «no puede utilizar el logotipo de producción ecológica de la Unión ni usar términos que hagan referencia a dicha producción», señala la sentencia, al entender que «no es plenamente conforme con las normas de producción establecidas por el Derecho de la Unión».
La Justicia europea explica que la finalidad del logotipo ecológico es informar a los consumidores «de forma clara» del hecho de que el producto es «plenamente conforme con el conjunto de prescripciones del Derecho de la Unión, y no simplemente con normas equivalentes a estas».
Agencia Europa Press
UPA reclama soluciones para contratar a personas migrantes «con todas las garantías» para el campo
La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) se ha reunido con la Dirección General de Migraciones para explorar soluciones que permitan incrementar las contrataciones en origen, así como permitir la contratación «con garantías» de personas migrantes que ya viven en el medio rural, según informa en un comunicado.
En concreto, en el encuentro se ha abordado la situación actual de la mano de obra para las campañas agrícolas y se ha traslado la necesidad del sector para cubrir la falta de trabajadores en los momentos de más demanda.
«Necesitamos poder incrementar la contratación en origen, así como habilitar los cauces para contratar a personas que ya viven en nuestros pueblos, pero que por problemas burocráticos no nos es posible contratarles», han asegurado desde UPA.
En la reunión se ha abordado el caso de la provincia de Huelva, en un momento de aumento de las producciones, especialmente en el caso del arándano, con la consecuente mayor demanda de mano de obra. Se da la circunstancia de que hay una menor llegada de la población trabajadora proveniente de Europa del Este por envejecimiento y una caída en las cifras de los contingentes de contratación en origen que llegan cada año a través del procedimiento Gecco.
En cifras, actualmente para la campaña agrícola de Huelva está prevista la llegada a través del procedimiento Gecco de 360 personas de Honduras, 82 personas de Ecuador, 503 personas de Colombia, y 13.081 personas de Marruecos. Esto suma un total de 14.025 personas, lo que supone un déficit de entre 8.000 y 10.000 trabajadores respecto a la demanda de los empresarios agrícolas onubenses.
Por ello, UPA ha solicitado al director general de Gestión Migratoria ampliar la selección en Honduras, Colombia y Marruecos (así como sumar a Mauritania al proceso Gecco) en una cifra entre 6.000 y 10.000 personas. Asimismo, ha valorado positivamente la elección de Guatemala como nuevo país para realizar una selección de 500 trabajadores.
La organización no solo ha informado sobre la necesidad de ampliar en el número de personas trabajadoras disponibles, sino que también ha solicitado abrir el proceso Gecco a más empresarios.
El procedimiento Gecco de contratación en origen generó la campaña pasada en la provincia de Huelva más de un millón de peonadas y sitúa a esta provincia como la única a nivel nacional que genera superávit en la Seguridad Social durante la campaña de recolección.
«Esto sitúa al procedimiento GECCO como una herramienta ideal para el fomento de la migración circular y para la generación de mano de obra disponible para las campañas agrícolas», concluyen desde UPA.
Un encuentro donde han estado presentes Montserrat Cortiñas, vicesecretaria general de UPA, Manuel Piedra, responsable de Inmigración de UPA y secretario general de UPA Huelva, Ignacio Huertas, secretario general de UPA-UCE Extremadura y Gema del Río, técnica de UPA, que se han reunido con Francisco Celso González, director general de Gestión Migratoria.
Agencia Europa Press
