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El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) es un tema de gran relevancia en el ámbito laboral y económico del país. Desde su establecimiento como una herramienta para asegurar un ingreso mínimo digno hasta su influencia en la competitividad empresarial, genera un debate constante y suscita numerosas preguntas.

En este artículo exploraremos algunas de las interrogantes más frecuentes sobre el SMI para comprender su impacto y funcionamiento en el mercado laboral español.

¿Qué es el salario mínimo interprofesional (SMI) y cuál es la cuantía para 2024?

Según se desprende de los artículos 26 y 27 ET, y de la definición que realiza la Organización Internacional del Trabajo, es la cuantía mínima de remuneración que un empleador está obligado a pagar a sus asalariados por el trabajo que estos hayan efectuado durante un periodo determinado, período que en España no puede ser superior a 40 horas semanales (artículo 34.1 ET).

En 2024, para actividades en agricultura, industria y servicios, queda fijado en 37,8 euros/día o 1.134 euros/mes, según el salario esté fijado por días o por meses (artículo 1 Real Decreto 145/2024). Se computa únicamente la retribución en dinero, sin que el salario en especie pueda, en ningún caso, dar lugar a la minoración de la cuantía íntegra en dinero de aquel.

El salario mínimo interprofesional es un importe bruto. Sobre esta cuantía hay que descontar las cotizaciones a la Seguridad Social y la correspondiente retención de IRPF.

Tiene carácter retroactivo: el salario mínimo interprofesional surte efectos durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024, procediendo, en consecuencia, el abono con efectos a 1 de enero de 2024 (DF 3ª Real Decreto 145/2024).

¿Qué complementos salariales computan como salario mínimo?

Debemos partir del salario base, la retribución mensual establecida por convenio colectivo o, a falta de este, por contrato individual. Es un salario bruto. Se abona en 14 o en 12 pagas, en función en si las pagas extraordinarias están o no prorrateadas:

 Salario mensual sin pagas extras no prorrateadas (14 pagas): 1.134 euros.

 Salario mensual con pagas extras prorrateadas (12 pagas): 1.323 euros.

El salario mínimo en cómputo anual que se tomará como término de comparación será el resultado de adicionar al salario mínimo los correspondientes devengos, sin que en ningún caso pueda considerarse una cuantía anual inferior a 15.876 euros (artículos 2 y 3 Real Decreto 145/2024).

Los complementos que se tienen en cuenta para el cálculo del salario mínimo son los salariales (artículo 26.3 ET) que perciben todas las personas trabajadoras por igual, es decir, los complementos no causales (es el caso de los pluses por convenio).

La mayor parte de la doctrina y jurisprudencia acepta que los complementos que no sean comunes a todas las personas trabajadoras, es decir, los que se perciban específicos por la persona (antigüedad, idioma, títulos), del trabajo realizado (nocturnidad, turnos, etc.) o los vinculados a los resultados de la empresa (productividad, bonus) no computan como salario mínimo y, por lo tanto, no se pueden utilizar para compensar la posible subida. Tampoco cuentan a la hora de calcular el SMI complementos extrasalariales como dietas, vestuario o gastos por transporte.

A pesar de lo anterior, debe señalarse que la cuestión no es pacífica. La sentencia de la Audiencia Nacional de 16 de septiembre de 2019 (rec. 150/2019) estableció, ciertamente, que no es posible la compensación y absorción de la actualización del SMI con conceptos extrasalariales. Para este tribunal, los gastos realizados por las personas trabajadoras en su actividad profesional, compensados con pluses extrasalariales, no pueden ser absorbidos; en la misma línea se incluyen las primas de producción, como consideró el TSJ de Cantabria en su sentencia de 28 de diciembre de 2018 (rec. 755/2018); sin embargo, hay excepciones, como la fallada por la propia AN en su sentencia de 24 de mayo de 2019 (rec. 57/2019). En consecuencia, habrá que atender a los tribunales en cada caso para afirmar categóricamente qué pluses son compensables y absorbibles y qué pluses no lo son.

Algunos especialistas, por último, y ante las últimas resoluciones del Supremo, expresan que podrá haber compensación y absorción con otros conceptos salariales de cualquier naturaleza que pudiere percibir la persona trabajadora, siempre que no ello no contravenga el convenio colectivo o el contrato. La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha expresado, de forma recurrente, que el SMI no tiene la consideración de salario base sino, como su propio nombre indica, salario mínimo por todo concepto.

¿Qué cantidad corresponde a las personas trabajadoras eventuales y temporeras, y a personas empleadas de hogar?

Las personas trabajadoras eventuales, así como las temporeras y temporeros cuyos servicios a una misma empresa no excedan de 120 días, percibirán, conjuntamente con el SMI, la parte proporcional de la retribución de los domingos y festivos, así como de dos gratificaciones extraordinarias (a las que tiene derecho toda persona trabajadora, como mínimo) sobre un salario de 30 días cada una de ellas, sin que el SMI pueda resultar inferior a 53,71 euros por jornada legal en la actividad (artículo 4 Real Decreto 145/2024).

En cuanto al SMI de empleadas y empleados que trabajen por horas, en régimen externo, queda fijado en 8,87 euros por hora efectivamente trabajada. Se aplican las mismas reglas sobre salario en especie.

¿A quién afecta la subida del SMI?

El incremento del SMI afecta especialmente a las personas trabajadoras que están fuera de convenio. La regla general es que haya un convenio colectivo de aplicación y la gran mayoría tiene salarios superiores al SMI. Por esta razón, debemos primero acudir al convenio colectivo para saber cuál es el salario base y si son absorbibles o no los complementos salariales.

El Gobierno ha expresado que el incremento del SMI afecta a más de dos millones de personas (con especial atención al sector agrario y los servicios); las personas trabajadoras cuyo sueldo bruto en catorce pagas se encontrara por debajo de los nuevos límites, verán incrementada su nómina en un 5 %.

Debe añadirse que, en realidad, el incremento afecta a todas las personas trabajadoras: aunque no suba la cuantía del salario, todas las personas empleadas se benefician indirectamente por los conceptos de su nómina que se calculen en base a dicha cifra (por ejemplo, la cantidad de salario protegida y que no puede ser embargada).

En todo caso, si la persona trabajadora cobra menos de 15.876 euros brutos anuales (contando salario base y complementos no causales: los comunes a todas las personas empleadas en plantilla), el SMI se debe incrementar hasta llegar a dicha cifra.

¿Y si se trabaja menos de 40 horas? En los contratos a tiempo parcial, el salario mínimo se reducirá en proporción a las horas trabajadas.

Aquellas personas trabajadoras cuyo salario esté por encima de dicho límite anual no notarán ningún cambio de forma directa pero sí indirectamente, al incrementar los límites de salarios e indemnizaciones que abone el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) o la cantidad de salario protegido frente a un embargo.

En los contratos formativos, en ningún caso la retribución podrá ser inferior al SMI en proporción al tiempo de trabajo efectivo, de acuerdo con lo establecido en convenio colectivo (artículo 11.2.m y 11.2.j ET).

¿Existen excepciones a la aplicación de SMI 2024?

Las nuevas cuantías no son de aplicación (DT única Real Decreto 145/2024):

 A las normas vigentes a la fecha de entrada en vigor de la norma de las comunidades autónomas, de las ciudades de Ceuta y Melilla y de las entidades que integran la Administración local que utilicen el salario mínimo interprofesional como indicador o referencia del nivel de renta para determinarla cuantía de determinadas prestaciones o para acceder a determinadas prestaciones, beneficios o servicios públicos, salvo disposición expresa en contrario de las propias comunidades autónomas, de las ciudades de Ceuta y Melilla o de las entidades que integran la Administración local.

 A cualesquiera contratos y pactos de naturaleza privada vigentes a la fecha de entrada en vigor de la norma que utilicen el SMI como referencia a cualquier efecto, salvo que las partes acuerden la aplicación de las nuevas cuantías del SMI.

Por otra parte, cada año se denuncian las maniobras de algunos empresarios para evitar el incremento salarial a través de la compensación y absorción prevista en el artículo 26.5 ET. El objetivo es contrarrestar la obligación legal y que la persona trabajadora llegue a cobrar el salario legal o convencional. También se han detectado conductas fraudulentas a través de una mejora voluntaria para alcanzar los límites mínimos, o mediante el incremento de las horas de trabajo, evitando la subida del sueldo. La Inspección de Trabajo y Seguridad social persigue este tipo de comportamientos.

¿Se puede embargar parte del SMI que se percibe?

De acuerdo con el artículo 27.2 ET: «El salario mínimo interprofesional, en su cuantía, es inembargable». Pero, también hay límites a la embargabilidad de retribuciones superiores a la cuantía del SMI que pudiese percibir la persona trabajadora. El artículo 607 LEC establece las reglas para los salarios, sueldos, jornales, retribuciones o pensiones que sean superiores al SMI.

Lo dispuesto en las reglas anteriores no será de aplicación cuando se proceda por ejecución de sentencia que condene al pago de alimentos, en todos los casos en que la obligación de satisfacerlos nazca directamente de la ley, incluyendo los pronunciamientos de las sentencias dictadas en procesos de nulidad, separación o divorcio sobre alimentos debidos al cónyuge o a los hijos o de los decretos o escrituras públicas que formalicen el convenio regulador que los establezcan. En estos casos, así como en los de las medidas cautelares correspondientes, el tribunal fijará la cantidad que puede ser embargada (artículo 608 LEC).

Una excepción a ello reside en el salario mínimo que ahorre la persona trabajadora, el cual sí puede ser embargado por deudas con Hacienda; así lo recoge el ATS de 26 de septiembre de 2019 (rec. 889/2019).

¿Cómo afecta la subida del SMI a los trabajadores autónomos, y qué sucede con la tarifa plana?

Al incrementarse el SMI, sube la base de cotización mínima y, como efecto, lo hace asimismo la cuota de trabajadores autónomos.

Recordemos que, desde 2018 hasta 2024, el salario mínimo ha subido en un 47 %.

Los trabajadores autónomos cotizan en función de sus rendimientos anuales, para evitar que paguen por encima de sus ingresos. Las cuotas oscilarán en una horquilla de ingresos netos y se ajustará hasta 2025 (artículo 308 LGSS). Cuando no se alcance el salario mínimo interprofesional, el interesado deberá situarse en los tres primeros tramos de la tabla reducida que le corresponde (cotizando, respectivamente, por 225, 250 o 267 euros en 2024).

Cuando el autónomo estime que el promedio mensual de sus rendimientos netos anuales vaya a situarse por debajo del importe de aquellos que determinen la base mínima del tramo 1 de la tabla general para el RETA, optará por una base de cotización mensual inferior (dentro de la tabla reducida prevista en la LPGE).

Esta subida también afecta a los salarios de sus personas empleadas, en caso de tenerlas.

En cuanto a la tarifa plana (80 euros en 2024, para altas iniciales y durante los doce primeros meses). El cambio en el SMI afecta a los siguientes doce meses: podrá aplicarse la cuota reducida si los rendimientos económicos netos anuales son inferiores al SMI anual que corresponda a ese período (artículo 38 ter Ley 20/2007).

¿Qué efectos tendrá este incremento en las prestaciones y subsidios sociales?

El principal efecto es el incremento en las bases reguladoras de las prestaciones de la Seguridad Social, al producirse un aumento salarial que afectará a un número considerable de personas trabajadoras, suponiendo una mejora en las bases, en las cotizaciones sociales y en las futuras pensiones de jubilación (y otras prestaciones, como la de incapacidad permanente).

Además, algunas prestaciones y subsidios sociales requieren que la persona no cobre más del SMI o un porcentaje determinado de este. Con este incremento, habrá más personas que puedan tener derecho a solicitar estas prestaciones o subsidios.

El citado aumento en las cotizaciones sociales tiene su reflejo en la subida de las bases de cotización mínimas, así como en las bases reguladoras de las personas trabajadoras. Estas bases son la referencia para el cálculo de las pensiones de jubilación (concretamente, el promedio de las bases de cotización de los últimos veinticuatro años), de modo que un incremento de los salarios mínimos produce el alza de estas bases. Así, es mayor el gasto del sistema en pensiones, pues al constatar unas bases de cotización más altas la cuantía de las prestaciones será también superior (jubilación, incapacidad permanente, como se ha expresado).

En el caso específico de las prestaciones de jubilación, tras calcular las bases de cotización en los años previos al hecho causante (cese en la actividad laboral), se sumarán las bases de cotización y se dividirá por 350 durante los 300 meses anteriores al momento de la jubilación.

¿Cómo afecta en los salarios e indemnizaciones que pague el FOGASA?

El Fondo de Garantía Salarial se hace cargo del pago de los salarios e indemnizaciones no pagadas por la empresa, pero hasta un límite máximo, tope que tiene en cuenta el SMI vigente en el momento de la insolvencia o concurso de la empresa.

Para el caso de los salarios, la cuantía a pagar por el FOGASA es el SMI diario x 2, con el prorrateo de las pagas extras, con un límite máximo de 120 días (artículo 33 ET).

En cuanto a las indemnizaciones, la cuantía a pagar es el SMI diario x 2, con un límite máximo de 1 año (salvo la extinción por no aceptar una modificación sustancial de condiciones de trabajo, con el límite de 9 mensualidades; y el despido de personas trabajadoras empleadas de hogar, con el tope en 6 mensualidades).

¿Qué efectos tiene la subida del SMI en la cotización?

Una mejora de los salarios repercute directamente en más cotizaciones a la Seguridad Social. Otro efecto importante será una bajada de los gastos en ayudas y subvenciones, de modo que el Estado dispondrá de más fondos para otras partidas.

Bases mínimas

Recordemos que el tope máximo de la base de cotización en todos los regímenes quedó fijado en 4.720,50 euros/mensuales a partir del 1 de enero de 2024; mientras que el tope mínimo es el importe del salario mínimo interprofesional vigente, incrementado en un sexto (salvo disposición expresa en contrario). Las bases mínimas se incrementan, por tanto, en el mismo porcentaje en que aumente el SMI (artículo 2.2 Orden PJC/51/2024 y artículo 122.Uno.2 LPGE 2023). Todo ello redundará en un aumento de la recaudación por las cotizaciones.

En consecuencia, el incremento del SMI, hasta llegar a la cuantía de 1.134 euros al mes (en 14 pagas), conlleva un alza de las bases mínimas de cotización del Régimen General: concretamente, la base mínima, sobre la que se aplica el porcentaje de las diversas cuotas sociales, asciende hasta 1.323 euros al mes. Debe tenerse en cuenta, asimismo, que la medida tiene efectos retroactivos al 1 de enero, lo que implica que las empresas deberán efectuar el abono en las nóminas del primer mes del año.

Mejores prestaciones

El impacto de los incrementos de la base de cotización en las cuotas de la Seguridad es claro tanto en el Régimen General, incluidos los sistemas especiales, como en los regímenes especiales, logrando una recaudación adicional en concepto de ingresos por cotizaciones sociales.

Por otro lado, al incrementarse las bases de cotización de los trabajadores, aumentará considerablemente el gasto en pensiones de jubilación, así como los importes del resto de prestaciones y pensiones (como la incapacidad permanente) derivadas de la acción protectora de la Seguridad Social. En el supuesto específico de las de jubilación, para el cálculo de la base reguladora hay que partir de las bases de cotización a la Seguridad Social en los años previos a dejar la actividad laboral, sumándose las bases de cotización y dividiendo por 350 durante los 300 meses anteriores al hecho causante.

Además, tendremos en cuenta otros efectos positivos en las arcas públicas: de un lado, la repercusión en los subsidios para desempleados del SEPE (a modo de ejemplo, los subsidios para mayores de 45 años con cargas familiares y para mayores de 52 años, o el subsidio extraordinario por desempleo, tienen como requisito, para el posible beneficiario, de la carencia de rentas superiores al 75 % del salario mínimo, por lo que una subida implicaría abrir el abanico a más personas para acceder a los mismos); de otro, los ingresos de la Agencia Tributaria por retenciones del trabajo a cuenta del IRPF también se verán favorecidos. La base general es mayor y, además, en muchos casos aumentará el tipo a aplicar (porcentaje del sueldo a detraer), pasando al siguiente tramo de cotización.

Por el lado de los gastos, la repercusión de la subida del SMI en el gasto en prestaciones económicas diferirá según se causen subsidios o pensiones, puesto que la base cotización interviene de manera muy diferente en las distintas prestaciones de la Seguridad Social, con una repercusión más directa en el caso de prestaciones por incapacidad temporal, nacimiento y cuidado de menor (maternidad, paternidad), riesgo durante el embarazo y lactancia natural, en función o no de que estas personas trabajadoras causen la prestación.

¿Tiene alguna repercusión el SMI en materia de inmigración?

La normativa establece una cuantía mínima que debe poseer el extranjero para su permanencia en España: 10 % por ciento del SMI mensual vigente, por el número de días de permanencia y por el número de personas que viajen a su cargo, suma que, como mínimo, debe ser igual al 90 % del SMI mensual vigente (Orden PRE/1282/2007). Esta cifra puede acreditarse mediante efectivo, cheques certificados o de viaje, cartas de pago o tarjetas de crédito (acompañadas de extracto de cuenta o libreta bancaria al día). Se exceptúa de esta obligación a los extranjeros titulares de una autorización en vigor de residencia, o de estancia por estudios; o de tarjeta de trabajador transfronterizo; o de un visado en vigor que acredite la autorización de residencia, o de residencia y trabajo, o la de estancia para realizar estudios; o una autorización de regreso.

Por otra parte, los extranjeros que acrediten la permanencia continuada en España durante un periodo mínimo de tres años podrán obtener una autorización de residencia temporal por arraigo social, siempre que no tengan antecedentes penales y cuenten con un contrato de trabajo (firmado por la persona trabajadora y el empresario) que garantice, al menos, el SMI establecido, en su caso, en el convenio colectivo aplicable, en el momento de la solicitud, y cuya suma debe representar una jornada semanal no inferior a treinta horas en el cómputo global y garantizar, al menos, dicho SMI (artículos 59.1, 64.3 y 124.2 Real Decreto 557/2011).

El SMI, de forma proporcional, es también el límite mínimo exigido para los contratos a tiempo parcial (de forma proporcional) celebrados por extranjeros, y también es la pauta para obtener la autorización de residencia y trabajo por parte de los cónyuges o familiares reagrupados (independientemente de la del reagrupante), entre otros supuestos.

¿Cómo afecta a los ingresos exentos de IRPF?

El Real Decreto 142/2024, de 6 de febrero, que modifica el reglamento del IPRF incrementa a la misma suma (15.876 euros anuales) las rentas del trabajo exentas de practicar retenciones de IRPF, bajo ciertos requisitos. Según las condiciones personales de los obligados, esta cifra puede llegar 19.262 euros.

La medida ha de reflejarse en una modificación normativa con rango de ley (probablemente, la próxima de Presupuestos Generales del Estado), que aumente el umbral que delimite las personas exentas y las obligadas a presentar declaración por este tributo.

Argumentos a favor y en contra de la subida del SMI

Por último, los defensores de la subida del salario mínimo argumentan que repercutirá con otras ventajas:

 Remuneración equitativa y suficiente, proporcionando un nivel de vida digno.

 Culminación del objetivo de situar el SMI en el 60 % del salario mínimo (previsión del Comité Europeo de Derechos Sociales).

 El incremento del poder adquisitivo de las personas trabajadoras (pues crece su renta nominal).

 El aumento de la demanda agregada por el consumo interno (hay un mayor poder adquisitivo).

 La recuperación del empleo y de la producción.

 Refuerzo de la posición de las personas trabajadoras, minorándose las dificultades para que puedan negociar sus salarios (instrumento de lucha contra la explotación laboral).

 Restricción de la temporalidad: los empresarios suelen preferir el mantenimiento a largo plazo de personas trabajadoras en las que han invertido más capital (y tienen un salario más alto).

 Redistribución de los ingresos de las empresas, sin mayor esfuerzo fiscal. Los recursos para cubrir el incremento de los salarios provendrían de los beneficios empresariales.

El aumento del SMI, según denuncian las principales organizaciones empresariales, acarrea diversos inconvenientes, como el incremento de los costes por empleado. Conforme a estas fuentes, el incremento está expulsando a los más débiles del mercado laboral y, en muchos casos, los condena a la economía sumergida. Pero también es clara una consecuencia positiva: se logra un incremento de los ingresos de la Seguridad Social, debido a la subida de las bases de cotización asociada al aumento del salario mínimo interprofesional. Según la exposición de motivos de la norma, este incremento contribuye a promover un crecimiento y una recuperación de la actividad económica sostenida, sostenible e inclusiva, al cumplimiento de la Agenda 2030, en particular de las Metas 1.2, 8.3 y 10.4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, relativas, de manera respectiva, a la erradicación de la pobreza, la promoción de políticas orientadas a la creación de puestos de trabajo decentes ya la adopción de políticas salariales que logren de manera progresiva una mayor igualdad, en especial entre mujeres y hombres, y a una mayor cohesión social.

Así un comunicado conjunto CEOE-CEPYME augura que «la subida del SMI puede hacer incurrir en pérdidas o incluso en la quiebra a muchas empresas de determinados sectores y territorios, con especial afectación a pymes y autónomos, que, entre otras cosas, no pueden planificar de un año para otro cuál será el aumento de los costes derivado del salario mínimo»; también lamenta que el incremento se haya acordado «en términos de premio o castigo a la adhesión o rechazo de los empresarios al acuerdo» y no «en función de criterios técnicos».

En definitiva, cada punto en que aumenten las bases mínimas de cotización en el Régimen General (sin contar los sistemas especiales) procurará una recaudación adicional, si bien ha de valorarse que el incremento de las cotizaciones ha de ser costeado por las empresas en caso de trabajadores por cuenta ajena.

Es evidente que lo deseable sería un mecanismo disponible las veinticuatro horas al día, los siete días a la semana, que garantizara el anonimato si es el caso, que no tolerara los amedrantamientos por parte de los infractores ni el silencio de los incumplimientos, que contuviera información precisa y fácilmente comprensible sobre los pasos a dar, que esta información se comunicara convenientemente a todos los integrantes de la empresa y que la comunicación se encauzara, con todas las garantías, hasta obtener una solución proporcionada y eficaz.

Implicaciones laborales de la nueva Ley

Se reconoce la necesidad de contar con canales internos de comunicación de las empresas porque se considera, según diferentes informes y estadísticas, que «es preferible que la información sobre prácticas irregulares se conozca por la propia organización para corregirlas o reparar lo antes posible los daños».

Finalidad y ámbito de aplicación

Es objeto de la norma, entre otros extremos, la protección de las personas trabajadoras que informen sobre infracciones del derecho laboral en materia de seguridad y salud en el trabajo (sin perjuicio de lo establecido en su normativa específica), que se producirá de forma adecuada frente a las represalias que puedan sufrir las personas físicas que informen.

En cuanto a los canales y procedimientos de información externa (es decir, los facilitados por una autoridad pública especializada, que pueda generar más confianza al informante al disipar su temor a sufrir alguna represalia en su entorno), se regirán por su normativa específica, aplicándose la Ley a los aspectos que no se adecuaran a la Directiva, hasta que dicha adaptación se produzca.

Respecto del ámbito subjetivo, se aplica:

 A los informantes (que trabajen en el sector privado o público) y que hayan obtenido información sobre infracciones en un contexto laboral o profesional: empleados públicos y trabajadores por cuenta ajena; trabajadores autónomos; accionistas, partícipes y personas del órgano de administración, dirección o supervisión de una empresa; personas que trabajen para o bajo la supervisión y dirección de contratistas, subcontratistas y proveedores.

 A los representantes legales de las personas trabajadoras en el ejercicio de sus funciones de asesoramiento y apoyo al informante.

 A personas físicas que, en el marco de la organización en la que preste servicios el informante asistan al mismo en el proceso, a personas físicas relacionadas con el informante y que puedan sufrir represalias (como compañeros de trabajo o familiares del informante) y a personas jurídicas, para las que trabaje o con las que mantenga cualquier otro tipo de relación en un contexto laboral o en las que ostente una participación significativa.

Sistema interno de información

El título II de la ley contiene el régimen jurídico de los sistemas internos de información, que constituyen el cauce que debería utilizarse de forma preferente para canalizar la información: una actuación diligente y eficaz en el seno de la propia organización podría paralizar las consecuencias perjudiciales de las actuaciones investigadas. No obstante, declarada esta preferencia, será el informante el que valore qué cauce seguir (interno o externo), según las circunstancias y los riesgos de represalias que considere.

Estos sistemas internos deben satisfacer algunas exigencias, como: su uso asequible, las garantías de confidencialidad, las prácticas correctas de seguimiento, investigación y protección del informante. En cualquier caso, se designará un responsable de su correcto funcionamiento.

En los grupos de empresas será la sociedad dominante la que decida la organización de los canales de comunicación. La Directiva admite que aquellas que, superando la cifra de cincuenta cuenten con menos de doscientos cincuenta trabajadores, puedan compartir medios y recursos para la gestión de las informaciones que reciban, quedando siempre clara la existencia de canales propios en cada empresa.

Con independencia del número de empleados, se obliga a contar con un sistema interno de informaciones a todos los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, así como a las fundaciones que de los mismos dependan, siempre que reciban fondos públicos para su financiación.

Canal externo de información de la Autoridad Independiente de Protección del Informante (AAI)

El título III aborda de manera sistemática la regulación específica del canal externo ante el que podrá informar cualquier persona física, ya directamente, ya con posterioridad a la previa formulación de información interna.

Tras detallar el procedimiento de recepción de las comunicaciones (de forma anónima o con reserva de la identidad del informante) y de su forma (escrita o verbal), el articulado aborda el trámite de admisión, la fase instructora y la emisión de un informe por la Autoridad Independiente de Protección del Informante. Emitido el informe, la Autoridad podrá acordar el archivo del expediente, el inicio del procedimiento sancionador (sin perjuicio de poner los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal si los hechos pudieran revestir el carácter de delito, entre otros supuestos) o remitir la información a otra autoridad u organismo si así procediera. La instrucción no puede superar los tres meses.

La resolución que adopte la Autoridad Independiente no podrá ser objeto de recurso alguno, ni administrativo ni jurisdiccional, sin perjuicio de la posible impugnación de la resolución que ponga fin al procedimiento sancionador que se pudiera incoar a raíz de las investigaciones realizadas.

Publicidad de la información y registro de las comunicaciones

Se deberá proporcionar a las personas trabajadoras información adecuada de forma clara y fácilmente accesible sobre los canales de comunicación interna y externa, como medio y garantía para un mejor conocimiento de los canales que establece la norma.

Revelación pública

Se entiende por revelación pública la puesta a disposición del público de información sobre acciones u omisiones. Los informantes que utilizan los cauces internos y externos contarán con un régimen específico de protección frente a las represalias.

Esta protección no se extiende a aquellas personas que hayan difundido de manera pública tales informaciones, si bien hay situaciones en que sí resultará conveniente ayudar a estas personas (por ejemplo, cuando los caces internos y externos no han funcionado o cuando se advierta una amenaza inminente para el interés general o riesgo de daños irreversibles, como un peligro para la integridad física de una persona).

Protección de datos personales

El título VI regula el régimen del tratamiento de datos personales. La Directiva impone que todo tratamiento de datos personales realizado en aplicación de la misma se realizará de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679, de Protección de Datos. En este mismo sentido, los tratamientos de datos personales deberán regirse por lo dispuesto en dicho reglamento y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

La norma regulará también determinadas condiciones especiales en relación con los tratamientos de datos, para garantizar plenamente el derecho a la protección de datos y, en particular, la identidad de los informantes y de las personas investigadas por la información suministrada.

Medidas de protección

El título VII constituye el eje de la ley. La primera medida es la contundente declaración de prohibir y declarar nulas aquellas conductas que puedan calificarse de represalias y se adopten dentro de los dos años siguientes a ultimar las investigaciones. En este sentido, la ley ofrece varios supuestos, sin ánimo exhaustivo, que muestran conductas intolerables hacia los informantes: resolución de contratos (incluidos, lógicamente, los laborales), intimidaciones, trato desfavorable, daños reputacionales, etc.

La necesidad de garantizar la buena aplicación del ordenamiento hace que queden sin efecto cualesquiera cláusulas o disposiciones contractuales que impidan o pretendan limitar el derecho o la capacidad de informar, como las cláusulas de confidencialidad o disposiciones que reflejan renuncias expresas; así como que se exima de responsabilidad ante la obtención de información relevante o que se invierta la carga de la prueba en aquellos procesos que inicie para exigir la reparación de daños. Los informantes contarán con el apoyo necesario de la Autoridad Independiente de Protección del Informante para que las medidas de protección establecidas en la futura norma resulten eficaces.

Las medidas de protección no se dirigen únicamente a favor de los informantes: también las personas a las que se refieran los hechos relatados en la comunicación contarán con una singular protección ante el riesgo de que la información, aun con aparentes visos de veracidad, haya sido manipulada, sea falsa o responda a motivaciones que el Derecho no puede amparar. Estas personas mantienen todos sus derechos de tutela judicial y defensa, de acceso al expediente, de confidencialidad y reserva de identidad y la presunción de inocencia: por tanto, conservarán los mismos derechos del informante.

Autoridad Independiente de Protección del Informante (AAI)

El considerando 64 de la Directiva 2019/1937 deja al prudente criterio de los Estados miembros determinar qué autoridades son competentes para recibir la información sobre infracciones que entren en el ámbito de aplicación de la misma y seguir adecuadamente los expedientes.

Entre las diferentes alternativas que ofrece nuestro ordenamiento interno, se considera idóneo acudir a la figura de la Autoridad Independiente de Protección del Informante como pilar básico. Su particular naturaleza y encaje institucional en el sector público permitirá canalizar satisfactoriamente el conjunto de funciones que la Directiva atribuye a las autoridades competentes de cada Estado miembro.

Este órgano tendrá personalidad jurídica propia y se dotará de autonomía e independencia orgánica y funcional respecto del Ejecutivo y del sector público, así como de toda entidad cuya actividad pueda ser sometida a su supervisión.

Régimen sancionador

Se añade un título sobre régimen sancionador, para el que es competente la Autoridad antes descrita. Se estima necesario para combatir con eficacia aquellas actuaciones que impliquen represalias contra los informantes, así como los incumplimientos en el establecimiento de las reglas de los canales de comunicación.

• Infracciones muy graves: cualquier actuación que suponga una efectiva limitación de derechos y garantías introducida a través de contratos o acuerdos individuales o colectivos y, en general, cualquier intento o acción efectiva de obstaculizar la presentación de comunicaciones o impedir, frustrar o ralentizar su seguimiento; la adopción de represalias; vulnerar las garantías de confidencialidad y anonimato; vulnerar el deber de mantener secreto sobre la información; cometer una infracción grave cuando el autor hubiera sido sancionado mediante resolución firme por dos infracciones graves o muy graves en los dos años anteriores a la comisión de la infracción; comunicar o revelar públicamente información a sabiendas de su falsedad; y el incumplimiento de la obligación de disponer de un Sistema interno de información.

• Infracciones graves: las conductas de limitación de derechos y garantías antes señalados o los intentos de obstaculizar la presentación de informaciones o ralentizar su seguimiento, cuando no tuvieren la condición de muy graves; vulnerar las garantías de confidencialidad y anonimato, o el deber de secreto, cuando no se considerara infracción muy grave; incumplimiento de la adopción de medidas para garantizar la confidencialidad y secreto de las informaciones; y la comisión de una infracción leve cuando el autor hubiera sido sancionado por dos infracciones leves, graves o muy graves en los dos años anteriores a la comisión de la infracción, contados desde la firmeza de las sanciones.

• Infracciones leves: la remisión de información de forma incompleta, de manera deliberada por parte del Responsable del Sistema a la Autoridad, o fuera del plazo concedido para ello; el incumplimiento de la obligación de colaboración con la investigación de informaciones; y cualquier incumplimiento de las obligaciones previstas en la norma que no esté tipificado como infracción muy grave o grave.

Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses.

Sanciones y multas (artículo 65)

 Si el responsable es PERSONA FÍSICA:

 De 1001 hasta 10.000 euros por la comisión de infracciones leves.

 De 10.001 hasta 30.000 euros por la comisión de infracciones graves.

 De 30.001 hasta 300.000 euros por la comisión de infracciones muy graves.

 Si el responsable es PERSONA JURÍDICA:

 Hasta 100.000 euros por la comisión de infracciones leves.

 De 100.001 a 600.000 euros en caso de infracciones graves.

 De 600.001 a 1.000.000 euros para infracciones muy graves.

 Sanción ADICIONAL (para infracciones muy graves). En su caso:

 Amonestación pública.

 Prohibición de obtener subvenciones u otros beneficios fiscales (límite: 4 años).

 Prohibición de contratar con sector público (límite: 3 años).

 Posible publicación en BOE. Para sanciones por infracciones muy graves de cuantía >600.001 euros impuestas a personas jurídicas.

 Graduación. Reincidencia, entidad y persistencia temporal, intencionalidad y culpabilidad del autor, resultado del ejercicio anterior del infractor, reparación del daño, colaboración con la AAI, etc.

 Prescripción:

 Infracciones muy graves: a los 3 años.

 Infracciones graves: a los 2 años.

 Infracciones leves: 6 meses.